La Revolución Educativa, como herramienta principal de equidad social del Gobierno Nacional, se ejecuta por medio de la articulación de tres ejes fundamentales de política:

• La ampliación de cobertura dirigida a la creación de 1,5 millones de cupos educativos, dando especial atención a la población más vulnerable, como un mecanismo para asegurar mayor equidad en la distribución de oportunidades.
• La política de calidad que busca movilizar el sistema educativo en función del mejoramiento de los esquemas de aprendizaje y de la motivación de los niños por el acceso al conocimiento, para que aprendan lo que necesitan aprender y lo sepan aplicar y aprovechar a lo largo de su vida. Con esta política se espera que los estudiantes desarrollen competencias básicas y ciudadanas que contribuyan a elevar y consolidar los principios de convivencia, democracia y solidaridad, buscando el continuo mejoramiento de toda la comunidad educativa: estudiantes, padres de familia, docentes, directivos docentes, instituciones y centros educativos, secretarías de educación y Ministerio.
• La política de eficiencia, busca la reorganización institucional del sector educativo mejorando los procesos de planeación, implementación, evaluación y seguimiento de la gestión, del nivel nacional y regional.

La Ley General de Educación, 115 de 1994, expresa que el servicio público de la educación debe cumplir una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad, y que le corresponde al Estado, la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al mismo. Es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales garantizar su cubrimiento.

El Ministerio de Educación Nacional (MEN), a través del Plan Sectorial de Educación (2002–2006) "La Revolución Educativa", se ha propuesto dar especial atención a las poblaciones vulnerables, definidas como aquellas poblaciones que por sus diferencias socioculturales, económicas y biológicas han permanecido excluidas del sistema educativo.

Para la atención a las poblaciones vulnerables la actual administración se propuso dar continuidad, consolidar y desarrollar programas y políticas que se venían ejecutando para su atención, creando la Dirección de Poblaciones y Proyectos Intersectoriales que tiene como propósito diseñar y divulgar políticas y orientaciones que generen mecanismos necesarios para brindar a estas poblaciones oportunidades de acceder, permanecer y promocionarse en el servicio educativo en condiciones apropiadas de calidad, pertinencia y equidad.

Los lineamientos de política para la atención a las poblaciones vulnerables deben propender por el fortalecimiento de la oferta educativa de las entidades territoriales, reconociendo la diversidad y heterogeneidad de las regiones y territorios locales en el marco de la descentralización, y se proponen orientar las acciones de las entidades territoriales para prestar una atención educativa acertada y oportuna en al marco de la diversidad étnica, cultural y social con el fin de lograr la inclusión, la equidad y la solidaridad teniendo en cuenta las características culturales y geográficas, los contextos socioeconómicos y las condiciones físicas y psicológicas de estas poblaciones.

El Ministerio de Educación Nacional ha considerado como grupos vulnerables prioritarios de atención a las comunidades étnicas (indígenas, afrocolombianos, raizales y el pueblo ROM), a los jóvenes y adultos iletrados, a los menores con necesidades educativas especiales (con discapacidad o limitaciones o con talentos o capacidades excepcionales), a los afectados por la violencia (población en situación de desplazamiento, menores desvinculados de los grupos armados al margen de la ley e hijos en edad escolar de adultos desmovilizados), a los menores en riesgo social (menores trabajadores, adolescentes en conflicto con la ley penal y niños, niñas y adolescentes en protección), a los habitantes de frontera y a la población rural dispersa.

Para la atención educativa a estas poblaciones, el Ministerio ha definido diversas estrategias orientadas a fomentar el acceso y la permanencia en el sistema educativo, mejorando la calidad de la educación.

En este sentido, se pretende apoyar a las entidades territoriales para que a través de las secretarías de educación logren avanzar en sus procesos de reorganización, asignación de docentes, coordinación de acciones necesarias para identificar y caracterizar las poblaciones vulnerables dentro y fuera del sistema, proponer orientaciones pedagógicas para elaborar y adecuar currículos, implementar, identificar y desarrollar modelos educativos flexibles, desarrollar herramientas pedagógicas y didácticas, definir canastas educativas, formar a funcionarios, directivos docentes y docentes, entre otros.