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A través de estrategias como la reorganización del sector educativo, la introducción de mejoras en la distribución y utilización de los recursos financieros transferidos a las entidades territoriales, la optimización en el uso de los recursos físicos y humanos, y de la capacidad instalada y la destinación y asignación de recursos financieros adicionales, el MEN propende por el aumento de matrícula y por una mayor equidad en la distribución de oportunidades.
Asimismo el MEN formula los lineamientos de política, diseña estrategias y presta asistencia a las entidades territoriales, por medio de un plan integral de asistencia técnica que busca fortalecer la capacidad de gestión del nivel regional y local, brindando instrumentos para mejorar la prestación del servicio educativo a las poblaciones vulnerables.
Los lineamientos se proponen dar orientaciones específicas que permitan eliminar los obstáculos institucionales que dificulten o impidan el acceso al sistema educativo de las poblaciones que requieren atención especial, garantizando la pertinencia y la permanencia de los estudiantes para que culminen el ciclo educativo.
De acuerdo con los tres ejes de la política sectorial, se presta asistencia técnica por parte de los equipos del MEN, a través de diferentes mecanismos: encuentros, foros, talleres, mesas regionales, visitas, divulgación de documentos técnicos, entre otros.
La coordinación de la asistencia técnica busca que la programación y ejecución de actividades se realice de manera integral, propiciando una mayor coherencia, pertinencia y aprovechamiento de los recursos disponibles.
El Ministerio de Educación Nacional no ejecuta directamente acciones, lo hace a través de las Secretarías de Educación Departamentales, distritales y de municipios certificados, que son las responsables de la administración del servicio educativo en el nivel regional y local, y en la ejecución de las acciones directas en las instituciones y centros educativos y con la comunidad.
Para desarrollar este trabajo es necesario que las entidades territoriales conformen equipos técnicos con capacidad de orientar la prestación pertinente del servicio educativo dirigido a las poblaciones vulnerables en su ámbito de acción. Estos equipos deben direccionar a los establecimientos educativos en la atención a estas poblaciones, por medio de la definición de objetivos, estrategias y metas, creando indicadores de proceso y resultado y estableciendo instrumentos de seguimiento y evaluación. Cada secretaría de educación debe tener un plan de acción como instrumento para orientar y ejecutar sus programas y proyectos.
Los planes de acción para la atención a poblaciones vulnerables deben tener en cuenta lo siguientes procesos:
- Identificación del perfil y necesidades educativas de cada grupo poblacional enmarcado en el contexto local.
- Caracterización de los grupos de población vulnerables atendidos, de acuerdo con la matrícula del sector oficial y no oficial, e identificar aquellos que se encuentran por fuera del sistema.
- Realización de diagnósticos de las instituciones y centros educativos con los requerimientos de infraestructura, personal docente, directivo docente y administrativo y la oferta de programas.
- Diseño de estrategias que incluyan programas y proyectos, recursos institucionales y sociales para la atención adecuada de las poblaciones vulnerables.
Las acciones de las secretarías de educación deben estar dirigidas a la inclusión de estas poblaciones, divulgando la oferta educativa pertinente, a través de los diferentes mecanismos y medios, y evaluando los diferentes procesos pedagógicos implementados en las instituciones y centros educativos.
Las instituciones y centros educativos son, ante todo, una construcción social en la que participan varios actores, los educadores y los educandos, las autoridades, los padres y sus comunidades. Como construcción social, son espacios múltiples y complejos, donde se conjuga la diversidad humana y una rica confluencia multicultural.
En un territorio específico, urbano o rural, son una expresión autónoma y comprometida de sus actores internos y de las condiciones donde existe. Visto de abajo hacia arriba, las instituciones y centros educativos son el primer escaño institucional de la política educativa, son el centro institucional de ejecución de los procesos pedagógicos, los modelos educativos, las innovaciones y los programas de extensión.
Las instituciones y centros educativos deben promover programas escolarizados y no escolarizados y la aplicación de metodologías y modelos pedagógicos para atender las particularidades de la población en situación de vulnerabilidad, según los niveles y las modalidades, teniendo en cuenta que se debe garantizar el ciclo completo de educación básica y media.
Los docentes son quienes promueven la creatividad en las prácticas pedagógicas, reconocen las condiciones y circunstancias de vida de cada estudiante, e identifican las necesidades y especificidades de la inclusión en los procesos educativos y sociales. Son los agentes de la interacción con los estudiantes, las familias, las comunidades y las autoridades educativas. Ese papel de mediación les otorga un lugar significativo en la atención a la población en situación de vulnerabilidad.
El MEN, valora la especialización académica de los docentes o lo que, por efecto del trabajo diario, han construido en la atención con las poblaciones que requieren atención especial. El trabajo de las secretarías de educación con otras entidades estatales y con las organizaciones sociales institucionales o privadas, se complementa con el trabajo de los docentes en el intercambio de experiencias significativas, mejoramiento permanentemente de los procesos pedagógicos y la innovación de los modelos educativos en procesos escolarizados o en programas de extensión para brindar una educación adecuada, pertinente y de calidad a cada grupo poblacional.
Las poblaciones que requieren atención educativa especial tienen en común que no siempre se han incorporado a la escuela tradicional por diferentes causas y motivos. Las consecuencias de tal situación también afecta a las familias que son discriminadas o señaladas socialmente, generando dificultades de convivencia y limitando la solidaridad.
El derecho humano a la educación de cada niño, niña o joven se enriquece con la acción de los padres, los adultos y de sus pares. Si este aporte social está enrarecido por la existencia de discriminaciones y cargas sociales excluyentes, la formación y la educación en la vida familiar dará origen a niños, niñas y jóvenes con dificultades de integración social.
Es necesario que las secretarías de educación y las instituciones y centros educativos establezcan diálogos con los padres de familia y se busquen los mecanismos para informar sobre la oferta educativa para la atención a estas poblaciones.
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